Noviembre 2016 (II)
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Inteligencia Oscura


Durante una jornada organizada por la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia se analizó el rol gubernamental en el manejo de las agencias de inteligencia. Por qué los cambios en la Argentina fueron superficiales y ponen en juego la privacidad de los ciudadanos.

[Agencia TSS - Matías Alonso] “¿Queremos darles más poder a instituciones con antecedentes problemáticos?”, preguntó Edward Snowden, el experto en informática que denunció las prácticas ilegales de espionaje llevadas a cabo por el gobierno de Estados Unidos, durante una charla abierta al público organizada por la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), un foro integrado por organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.

Snowden, a través de una videoconferencia, se refería a la problemática de controlar lo que hacen las agencias de inteligencia y, específicamente, al caso argentino. “Podés rebautizar a una agencia de inteligencia cada año durante los próximos 20 años, pero eso no hará que sus prácticas sean diferentes. La única cosa que lo hará es hacerla responsable ante la ley y la forma de asegurarse de eso no es simplemente cambiar su nombre y volver a contratar a ex-agentes”, agregó.

Sobre el final del gobierno de Cristina Fernández se emprendió una reforma que abarcó la reconversión de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se trasladó el área de Observaciones Judiciales, la encargada de la intervención de comunicaciones, al ámbito del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de transparentar los mecanismos que dan origen a las escuchas legales.

La Fiscal Cristina Camaño fue la encargada del traspaso y del trabajo en conjunto con organizaciones no gubernamentales (ONG) que tuvieron la oportunidad de interiorizarse sobre esa tarea y pudieron visitar instalaciones como el famoso edificio de Avenida de los Incas. Sobre este período, Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, una de las organizaciones convocadas, afirmó durante el encuentro: “En ese breve interregno, de unos ocho meses, en los que trabajó el Ministerio Público Fiscal, hubo una gran expectativa de generar cambios y tuvimos la esperanza de que esto podría ser transparentado. Camaño nos mostraba mes a mes relevamientos del tipo de escuchas que se estaban haciendo y, una de las cosas que aprendimos es que, además de los manejos oscuros que tienen estos organismos, hay enormes cuotas de torpeza”.


Sobre el final del gobierno de Cristina Fernández se emprendió una reforma que abarcó la reconversión de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se trasladó el área de Observaciones Judiciales, la encargada de la intervención de comunicaciones, al ámbito del Ministerio Público Fiscal.

Busaniche dio el ejemplo de muchas escuchas que se habían ordenado sin plazos de prescripción, por lo que había teléfonos que estaban intervenidos por más de 12 años, aun cuando el sujeto de la causa ya se había mudado. “Se registraban alrededor de 3.000 CDs diarios que viajaban en bolsas de un lado a otro con un gran nivel de precariedad”, explicó.

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Edward Snowden
Edward Snowden

Revelaciones Red vigilancia mundial
Revelaciones Red vigilancia mundial

Comunidad de Inteligencia Estados Unidos
Comunidad de Inteligencia Estados Unidos

También mencionó que, durante la presentación en el Congreso del entonces secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, se expusieron algunos números relacionados con las escuchas que ponían de evidencia que en la Argentina había más intercepciones de comunicaciones que en todo Estados Unidos.

Tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, el Gobierno decidió entregar el manejo de las escuchas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que desde la AFI pretenden que las escuchas vuelvan a su área. “No hay forma de defender la privacidad de los ciudadanos si hay niveles de impunidad que permiten vulnerar sus derechos”, afirmó Busaniche.

En otro de los paneles expuso el especialista en seguridad Marcelo Sain, exdirector de la Escuela de Inteligencia y redactor del derogado Decreto 1311/2015, mediante el cual se pretendía dividir las operaciones de investigación según el tipo de delito, como terrorismo, narcotráfico, tráfico de personas o de armas, entre otros. Con ese objetivo, se buscaba tener, dentro de cada área, personal especializado en recolección de información, gestión y análisis de bases de datos.

Sain habló sobre la necesidad de profesionalizar el área de inteligencia y dijo que, pese a que se derogó el Decreto 1311, “esa estructura sigue funcionando porque nadie pensó en otra”.

Snowden
“Podés rebautizar a una agencia de inteligencia cada año durante los próximos 20 años, pero eso no hará que sus prácticas sean diferentes”, dijo Snowden.

Paula Litvachky, del CELS, centró su exposición en el uso de fondos reservados por parte de los sistemas de inteligencia. “Ahora se está llevando a cabo el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Allí quedó claro que hubo un pago para desviar la investigación del atentado con fondos reservados de la SIDE”. Para evitar que esto volviera a suceder, el Decreto 1311 exigía que todos los gastos de inteligencia debieran ser registrados, aunque fuesen secretos. De esta manera, tanto la Comisión Bicameral del Congreso como un juez podían ejercer el control en caso de una denuncia por irregularidades. Pero el Decreto 656 de este año derogó esa obligación, lo que impide ese tipo de controles.

Litvachky sostuvo que “parecía que con la reforma de la ley, el Decreto 1311 y con lo que se había intentado durante el año 2015, se estaban logrando algunas cosas para transparentar las escuchas y el manejo de los fondos. Se trata de regulaciones que son un piso mínimo cuando uno observa los controles que se hacen sobre servicios de inteligencia en otros países. En cambio, hoy parece que se estabilizó un nuevo equilibrio con la designación de las autoridades de la AFI, con el acuerdo de distintas fuerzas políticas. Es como si el sistema político dijera: ‘Esta es la tradición que tenemos en el funcionamiento de los servicios de inteligencia y el que llega al poder los usa y el que no, no los usa’. Lo que mostró la crisis que tuvo el gobierno anterior y lo que está sucediendo hoy en los medios con la cantidad de operaciones que hay, y con un Poder Judicial tan influido por esas operaciones, es que, para los gobiernos, a la larga todo esto puede ser un factor importante de desestabilización”.

 

 

 

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