Marzo 2017
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el peso
 
 
 

Grave retroceso en Derechos Humanos

[Dr. Raúl Héctor Nieva para SEPA] El 14 de febrero de 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) emitió un fallo en cual toma la decisión de no cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este fallo es emitido ante el pedido, formulado por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, a la Corte de que cumpla, en lo que corresponda  y de conformidad con su competencia, la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Fontevecchia y D’ Amico vs. Argentina”, en fecha 29 de noviembre de 2011.

Este pronunciamiento es dictado por la CIDH, después de seguir el trámite propio del procedimiento en sede internacional, en razón del sometimiento del caso realizado por Jorge Fontevecchia, Héctor D'Amico y Horacio Verbitsky al sistema interamericano de protección de derechos humanos.

En el referido caso la CSJN Argentina confirmó la sentencia de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que había hecho lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por el ex Presidente Carlos Saúl Menem contra Editorial Perfil S.A., Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico en la causa "Menem, Carlos Saúl cl Editorial Perfil S .A. Y otros s/daños y perjuicios", por entender que la difusión de ciertas notas periodísticas vinculadas con la presunta existencia de un hijo no reconocido de Menem había lesionado en forma ilegítima su derecho a la intimidad, tutelado por el arto 19 de la Constitución Nacional y por los arts. 17, párrafos 1° Y 2 ° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 11, párrafos 2 ° y 30, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ante tal sentencia, la CIDH entendió que el Estado argentino había violado el derecho a la libertad de expresión de los peticionantes, amparado por el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque no hubo una injerencia arbitraria en el derecho a la vida privada del señor Menem, atento que: a) las publicaciones realizadas por la revista Noticias, respecto del funcionario público electivo de más alto rango del país, trataban sobre asuntos de interés público; b) los hechos al momento de ser difundidos se encontraban en el dominio público y c) el presunto afectado con su conducta no había contribuido a resguardar la información cuya difusión luego objetó.

En virtud ello, dispuso que el Estado debía: a) dejar sin efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, así como todas sus consecuencias; b) publicar un resumen oficial de su sentencia elaborado por la Corte Suprema, por una sola vez, en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, así como publicar la sentencia completa de la Corte Interamericana en la página del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema; c) entregar las sumas reconocidas en dicho fallo, comprensivas del reintegro de los montos de condena oportunamente fijados en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

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Abuelas de Plaza de Mayo
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Madres de Plaza de Mayo
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Juicios de lesa humanidad en Argentina
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Ahora, la Suprema Corte Argentina decide no cumplir la sentencia de la CIDH basándose en que: a) la Corte interamericana se excedió en sus competencias al ordenar dejar sin efecto la sentencia de esa Corte pasada en autoridad de cosa juzgada; b) dejar sin efecto la sentencia de esta Corte pasada en autoridad de cosa juzgada resulta jurídicamente imposible a la luz de los principios fundamentales del derecho público argentino; puesto que dentro de estos principios se encuentra que la Corte es el órgano supremo y cabeza del Poder Judicial y revocar la sentencia firme dictada por ese Tribunal implica privarlo de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirlo por un tribunal internacional.

En este contexto, en qué situación se encuentran los simples ciudadanos argentinos que ven vulnerados sus derechos humanos por acción u omisión del Poder Judicial.

La respuesta que se impone es el desamparo, puesto que ahora este Poder, del Estado incumplidor, se atribuyó la potestad de decidir si va a cumplir o no las sentencias de la CIDH, ya que el mismo juzgará si la Corte Interamericana se excedió o no en sus competencias y si su decisión atenta o no contra el principios fundamentales del derecho público argentino; desconociendo con ello los principios más elementales del Derecho Internacional Público que es que los pactos están hechos para ser cumplidos y que los estados no pueden invocar su orden interno para desconocer sus obligaciones. (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados art. 26 y 27).

En este marco, no cabe más que concluir que el escenario en Argentina con respecto a los DDHH ha cambiado, ya que no se cumplirán todas las sentencias de la CIDH como lo venía haciendo anteriormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, lo cual deja en situación de vulnerabilidad a toda la ciudadanía.

Para Borrar la Memoria Institucional

[Addenda FV] El fallo entra en sintonía con el actual gobierno argentino que preside Mauricio Macri, quien no ha impulsado ni alentado la continuidad de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar argentina (1976-1983); bajo su gobierno muchos jueces han dictado prisiones domiciliarias a los condenados por estos crímenes aberrantes.

Por la Resolución Nº 44/2016 del 30 de diciembre del 2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización de la Nación y el Edicto Nº 5795/17 del Archivo General del Poder Judicial de la Nación del 6 de febrero del 2017, La Resolución Nº 44/2016 no garantiza la autenticidad ni posibilidad de recuperación de los documentos que genera el Poder Ejecutivo Nacional, como tampoco protege la integridad física del material ni el respaldo seguro de la preservación digital.

El Edicto Nº 5795/17 del Archivo General del Poder Judicial de la Nación anuncia la destrucción de expedientes judiciales que corresponden a diversos Juzgados Nacionales de Primera Instancia de Instrucción, correspondientes a los años comprendidos entre 1941 y 1982. La documentación que se estaría destruyendo corresponde a litigios que ya habían ingresado en el Archivo General para su resguardo. Al convocar solamente a las “partes interesadas” en la conservación a presentarse en el plazo de 30 días de la publicación en el Boletín Oficial -con justificación del “interés legítimo que les asiste”-, no atiende a las posibilidades que la tecnología garantiza para la digitalización y resguardo de la información.

Lo que va a obstaculizar la continuidad de las investigaciones penales pendientes y en su caso el conocimiento de la verdad de los hechos ocurridos durante la vigencia del terrorismo de estado.

Paradójicamente el actual gobierno ha reconocido la jurisdicción internacional a un juez local de los Estados Unidos que hizo lugar al reclamo deducido por los denominados “fondos buitres” y ha tomado créditos internacionales por 14.000 millones de dólares para garantizar el cumplimiento de una deuda que muchos han sindicado como ilegítima y cuyo remoto origen se encuentra en los manejos financieros de la última dictadura militar, período en el que el padre del actual presidente (Franco Macri) fue beneficiado con la publificación (transferencia al estado) de la deuda privada de su empresa, impulsada por el entonces titular del Banco Central de la República Argentina Domingo Felipe Cavallo.

 

 

 

 

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